En agosto de 2020, We Effect encargó a urbaMonde un estudio global para evaluar las interrelaciones entre el tipo de vivienda y el grado en que las y los habitantes se ven afectados (en términos de impactos sanitarios, sociales y económicos) por la pandemia de COVID-19.
La vivienda es un derecho humano, no una mercancía
El estudio se basa en la hipótesis de que las iniciativas de vivienda socialmente producidas y gestionadas (cooperativas de viviendas, fideicomisos de tierras comunitarias, co-housing, comunidades intencionales y barrios con un fuerte sentido de la solidaridad y participación) permitieron a sus residentes organizar colectivamente autoayuda, defender sus derechos y evitar desalojos forzosos, así como desarrollar otros mecanismos de resiliencia en respuesta a la pérdida y reducción de ingresos relacionados con la pandemia de COVID-19.
Efectivamente, el estudio muestra que las cooperativas de vivienda – en comparación con situaciones de vivienda irregular, prestada, privada o de alquiler – ofrecen una mayor protección contra los desalojos, las ejecuciones hipotecarias o la necesidad de trasladarse a otro lugar, incluso si las personas pierden parte de sus ingresos.