América Latina tiene la mayor desigualdad del mundo en distribución de la tierra

Wilma Chen de Guatemala ha sido desalojada de su tierra cuatro veces. | Foto: Claudio Vasquez Bianchi

Esto es un extracto del nuevo informe de We Effect “Luchas de alto riesgo” que muestra las amenazas y la violencia que afecta a las personas campesinas e indígenas que residen en zonas rurales. El informe describe la relación que existe entre la desigual distribución de la tierra, los procesos de empobrecimiento, los conflictos y la desigualdad social.

A pesar de los esfuerzos para implementar reformas agrarias en varios países latinoamericanos, ninguno de estos procesos ha logrado una transformación duradera de la propiedad de la tierra y su distribución sigue siendo desigual.

América Latina y el Caribe es la región con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra. El coeficiente de Gini sirve para medir la desigualdad, donde el 1 representa la máxima desigualdad.

En Europa el coeficiente de Gini es el 0,57; en África de 0,56; en Asia de 0,55 y en América Latina de 0,79.

  • En América Latina, las personas que viven de la agricultura familiar, campesina e indígena son propietarias del 13% del total del área agrícola.
  • En Colombia, las personas que viven de la agricultura familiar, campesina e indígena son propietarias del 4%.
  • En Honduras, las personas que viven de la agricultura familiar, campesina e indígena poseen el 9%.
  • En Guatemala, las personas que viven de la agricultura familiar, campesina e indígena tienen el 16%.

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La explotación de la tierra beneficia a pocas personas

El acaparamiento y reconcentración de las tierras mediante la compra, arrendamiento y concesiones de largo plazo para las corporaciones, tiene lugar en los territorios a los que históricamente han accedido las familias campesinas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero sobre las cuales no tienen documentos de propiedad a pesar de haberlas habitado antiguamente.

A menudo, las zonas donde se realizan las inversiones corporativas son zonas aisladas, olvidadas por el Estado, en donde persisten procesos permanentes de empobrecimiento y las comunidades no cuentan con los servicios básicos como agua, electricidad, educación, salud y saneamiento. Hay zonas en Guatemala, por ejemplo, donde se construyen hidroeléctricas para la generación de energía eléctrica, pero las comunidades aledañas siguen sin electricidad.

En varios países de América Latina, los gobiernos toman decisiones políticas para favorecer a un pequeño grupo con grandes intereses financieros, así mismo, realizan concesiones y permiten la concentración de las tierras para la producción de bienes que son exportados según la demanda del consumo global en la rama de la minería, los alimentos, el petróleo, la forestaría. Medidas que acrecientan las desigualdades económicas y sociales, debilitan la democracia, incentivan los desplazamientos forzosos y vulneran los ecosistemas, casi siempre incumpliendo los derechos internacionalmente reconocidos en materia de pueblos indígenas, medio ambiente y los derechos humanos. Esto es especialmente notable en Centroamérica, donde la mayoría de las personas que migran a los Estados Unidos proviene de pequeñas aldeas donde la gente ya no tiene ninguna esperanza de poder ganarse la vida.

Significado de la tierra para el desarrollo rural sostenible

Las personas que viven de la agricultura campesina e indígena muchas veces carecen de títulos de propiedad formales de las tierras que les proveen el sustento y que han usufructuado durante años. Esto sucede a pesar de que varias convenciones internacionales protegen el derecho a la igualdad de oportunidades para el acceso, la propiedad y el control de la tierra. En países en vías de desarrollo la tenencia, el uso y el control seguro de las tierras se basa en el derecho consuetudinario, lo que ha facilitado que personas individuales y corporativas con intereses económicos se apropien de tierras comunitarias.

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El derecho a la tierra es crucial para el cumplimiento de varios derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida digno, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y el derecho al desarrollo económico. Especialmente para las mujeres el acceso a la tierra significa ganar autonomía económica y personal, siendo a su vez una garantía que puede aliviar la violencia doméstica. Demostrar la propiedad o asegurar el control de sus tierras es a menudo un requisito para la concesión de préstamos, acceso a servicios de asesoramiento y a programas públicos.

Los pueblos indígenas mantienen una relación especial con los ecosistemas, por lo que la interacción con las tierras, territorios y la naturaleza son fundamentales para la preservación y adaptación de la cultura material, su cosmovisión e identidad. Los pueblos originarios y afrodescendientes juegan un papel vital en la lucha socioambiental y la protección de la biodiversidad.

En colaboración con las organizaciones locales, indígenas y campesinas, We Effect enfoca su trabajo en la promoción de métodos cooperativos que ayuden al fortalecimiento de sistemas de producción sostenibles (sociales, económicos y ambientales), que puedan asegurar los medios de vida, mejorar los ingresos económicos de las familias, garantizar la seguridad alimentaria y ayudar a la adaptación y resiliencia de los efectos del cambio climático.

Written by

Liinu Díaz Rämö y Erik Halkjær