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Comunicado de Red EU-LAT y CIDSE

PUBLICADO: marzo 4, 2019

CATEGORÍA: Comunicados

HONDURAS. Recordamos a Berta Cáceres y denunciamos que urge garantizar la consulta previa libre e informada de las comunidades afectadas por proyectos económicos en sus territorios 

Bruselas, 4 de marzo del 2019

Las redes EU-LAT y CIDSE, redes que conforman 57 organizaciones europeas e internacionales, haciéndose eco de las solicitudes del COPINH respaldadas por representantes del Parlamento Europeo,  exigen justicia, memoria y garantía para que no se vuelva a repetir un asesinato como el de Berta Cáceres y urgen a la UE  garantizar la consulta previa libre e informada de las comunidades afectadas por proyectos económicos en sus territorios.

El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en Honduras. El 29 de noviembre 2018, el Tribunal declaró culpable a siete de los ocho imputados como actores materiales en el asesinato de la defensora y el intento de asesinato de Gustavo Castro, y vinculó a la empresa DESA con estos acontecimientos. Todavía se espera la sentencia individual para las siete personas declaradas culpables.  Mientras tanto, el COPINH exige que también los autores intelectuales sean juzgados, a la espera de la audiencia de David Castillo, expresidente ejecutivo de DESA. Paralelamente, en enero de 2019 se ha presentado una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la cancelación de la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta Cáceres vivió y murió defendiendo los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. En los últimos años fue criminalizada debido a su activismo y su oposición a las explotaciones hidroeléctricas y extractivas impuestas en sus territorios sin la consulta libre, previa e informado de los pueblos indígenas que allí habitan.

El caso de Berta, refleja una realidad a la que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos en América Latina. El conflicto generado por la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca se suma a una larga lista de conflictos en torno a la explotación de recursos naturales en la región. El mismo patrón se repite desgraciadamente en diferentes países, generando daños sociales, ambientales y humanos.

 

Urge tomar las medidas necesarias para prevenir conflictos, evitar más muertes, y asegurar una explotación racional de los recursos naturales que garanticen beneficios para las poblaciones que dependen de ellos. La Unión Europea debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada en todas aquellas deliberaciones, programas, proyectos de desarrollo, comercio o inversión de la UE y/o sus Estados miembro que puedan afectar a las tierras, territorios o recursos naturales de las comunidades rurales y pueblos indígenas.

De acuerdo a la interpretación de normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la consulta debe ser auténtica y bajo el principio de buena fe.

Más allá de la consulta, inherente al concepto de consentimiento está el derecho de las comunidades a rechazar las actividades extractivistas. El reconocimiento formal del derecho a decir que no, les exime de participar en formas de lucha de resistencia en las que a menudo están expuestos a la opresión violenta. El contexto del acceso a la energía y la descarbonización no puede utilizarse simplemente como una excusa para la imposición de proyectos hidroeléctricos. Las poblaciones afectadas deben participar en el manejo de los recursos naturales para asegurar que su explotación tenga un beneficio equitativo a largo plazo. Mientras que las comunidades regionales no tengan la capacidad para elegir sus fuentes de energía, las corporaciones continuarán dictando el portafolio de energía, y lo harán sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades.

Si bien acogemos las iniciativas de algunos de los gobiernos de América Latina para formular un plan de acción nacional para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, creemos que estos no son suficientes. Por lo tanto, denunciamos que es urgente que los gobiernos se comprometan en el desarrollo del Tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, un instrumento de derecho internacional muy necesario para ayudar a abordar las brechas e insuficiencias en el marco legal global. En complementariedad con el Principios Rectores, en su estado actual, el Tratado vinculante se centra en la prevención y la responsabilidad legal en toda la cadena de valor y el acceso a la reparación con un énfasis en los derechos de las personas afectadas.

Sin embargo, el espacio para mejoras en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos y los mecanismos de cumplimiento, entre otros, hace que el compromiso de los gobiernos sea aún más relevante en las negociaciones. Dicho instrumento vinculante podría proporcionar las medidas legales necesarias para prevenir conflictos, evitar más violencia y garantizar el acceso a la justicia para las comunidades cuando se enfrentan a la violación de sus derechos.

Desde el asesinato de Berta Cáceres, la sociedad civil ha reconocido la naturaleza sistémica de las injusticias que sufrió, sin olvidar la pérdida de su vida. A su familia y su comunidad todavía se les niega el acceso a la justicia. La Red EU-LAT y CIDSE urgen a la UE y sus Estados Miembros a exigir al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los actores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres sean debidamente procesados, en línea con  el compromiso europeo asumido en materia de protección de la defensa de los derechos humanos.