Las mujeres en primera línea en la lucha por tierra y territorio

Foto: Jesper Klemedsson
Foto: Jesper Klemedsson
Esto es un extracto del nuevo informe de We Effect “Luchas de alto riesgo” que muestra las amenazas y la violencia que afecta a las personas campesinas e indígenas que residen en zonas rurales. El informe describe la relación que existe entre la desigual distribución de la tierra, los procesos de empobrecimiento, los conflictos y la desigualdad social.

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Victoria, Claudia y Rocío viven en el valle del Polochic de Guatemala. Desde pequeñas han luchado para tener tierras propias de cultivo. La lucha ha durado generaciones y cobrado muchas vidas.

Victoria, Claudia, Rocío y sus familias viven y cultivan tierras ocupadas. Las ocupaciones de las tierras son la manera para que cientos de familias que viven en el Valle del Polochic puedan producir sus propios alimentos y plantear sus reivindicadores al gobierno.

“Nos dicen ladrones, invasores. Pero no estamos robando nada, aquí nacimos”, dice Rocío.

Victoria continua:
“La tierra es todo para nosotras. Sin ella no tenemos comida para nuestros hijos, ni agua, ni salud. Sin tierra, no somos nada”.

Ni Victoria ni Rocío tiene ningún documento que diga que son las dueñas de su tierra. Tampoco lo tenían sus padres, ni sus abuelos. Cuando el Estado confiscó las tierras hace más de 100 años, se las entregó a colonizadores y corporaciones extranjeras, norteamericanas, alemanas, belgas. Decían que querían mejorar la raza guatemalteca promoviendo la inmigración blanca. Según las leyes de la época las poblaciones indígenas no tenían otra opción más que aceptar el trabajo forzoso, pero productivo, en las plantaciones principalmente de café.

La tierra es todo para nosotras. Sin tierra, no somos nada

Muchos prefirieron huir del trabajo gratuito en las plantaciones, y se asentaron definitivamente en las zonas bajas que desembocan en el mar del Caribe, donde se encuentra lo que hoy se conoce como Valle del Polochic, donde ya residían mayas q’eqchi’es desde antes de la era cristiana.

“Luchamos para poder comer. Queremos que nuestros hijos e hijas estudien, que salgan adelante”, dice Victoria.

La historia cuenta que las poblaciones mayas q’eqchi’es siempre pidieron la protección del gobierno y litigaron sus derechos en las instituciones coloniales o republicanas, pero casi nunca fueron escuchados. Desde principios de 1950, por ejemplo, las comunidades indígenas se organizaron en comités y sindicatos agrarios para presentar ante las autoridades sus agravios. La respuesta gubernamental fue la represión para acallar sus voces incómodas. La masacre de más de 100 q’eqhi’es en Panzós en mayo de 1978, forma parte del repertorio de los reclamos agrarios, que, por cierto, fue encabezado por Adelina Caal más conocida como Mamá Maquín, una anciana de más de 60 años.

A principios del siglo XXI nuevos, pero a su vez viejos conflictos, han vuelto a surgir con la implantación de monocultivos de palma africana, caña de azúcar, ganado, minería, hidroeléctricas. Unas 200 caballerías de tierras del valle se dedican al cultivo de palma y caña de azúcar.

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Las comunidades indígenas siguen siendo despojadas, atacadas y asesinadas. En marzo de 2011, durante cinco días consecutivos, las fuerzas de seguridad del Estado con el apoyo de la empresa de seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj, realizaron desalojos contra 14 comunidades Q’eqchi’es (Miralvalle, Agua Caliente, La Isla, Recuerdos, Quinich, Santa Rosita, Bella Flor, Paraná, Tinajas, Río Frío, San José Paraná).

“Yo todavía me acuerdo de todo lo que pasó, todavía me duele. Los empresarios son los que nos violan los derechos”, dice Rocío.

Claudia también ha sido expulsada de tierras que ella y su familia habían ocupado. Cuatro veces tuvieron que vivir esa pesadilla. La última vez fue la más dramática, pero también la llevó a obtener por fin su propia tierra.

“Las mujeres nos pusimos de pie frente a las fuerzas de seguridad para detenerlas, pero no ayudó”, cuenta Claudia.

Su voz se rompe. Sus lágrimas caen mientras recuerda el fatídico día de marzo de 2011.

“Ni siquiera pudimos sacar nuestras cosas. Quemaron las casas, los cultivos. Ahí se quedó todo. Lo más importante era sacar a nuestros hijos e hijas vivas. Es por su bien, por su futuro, que seguimos luchando”, dice Claudia.

La tierra es por lo que luchamos, es nuestro logro. Y aquí nos vamos a quedar sin miedo

800 familias fueron desalojadas, detrás de ellas dejaron casas y campos en llamas. Varias personas resultaron heridas y 3 personas quedaron muertas, en el intento del ingenio Chabil Utzaj por despoblar las tierras. Una de ellas fue María Margarita Chub, comadrona, asesinada por hombres armados y desconocidos afuera de su casa y frente a sus dos hijos en San José Paraná.

Las mujeres se encuentran en la primera línea para defender a sus familias y comunidades a la hora de los desalojos. Son a su vez las más afectadas siendo las encargadas de cuidar el hogar, a los hijos, a las hijas, proporcionar los alimentos. Elementos vitales que quedaron destruidos, familias separadas y malestares psicosomáticos con los que han aprendido a seguir viviendo.

“Mi esposo nos dejó a mí y a los niños porque era muy difícil seguir luchando. Pero yo seguí porque quiero darles a mis hijos e hijas una vida digna. Hoy soy dueña de mi propia tierra”, dice Claudia.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado guatemalteco a tomar medidas de protección para las familias desplazadas. Según fuentes gubernamentales, más de 200 familias han sido reasentadas después de comprar sus propias tierras.

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El hecho de que las mujeres posean tierras en Guatemala es muy inusual. En total, el 8% de todas las tierras agrícolas son propiedad de mujeres. A menudo, las tierras asignadas a las mujeres son menos productivas, pero mujeres como Victoria y Claudia en el Valle del Polochic continúan luchando para cambiar esta situación. No piensan rendirse.

“Una vida sin tierra es triste. La tierra es por lo que luchamos, es nuestro logro. Y aquí nos vamos a quedar sin miedo”, dice Claudia.

Discriminación y racismo estructural en América Latina

Los pueblos indígenas en América Latina están sobrerrepresentados entre las poblaciones que viven en la pobreza e infrarrepresentados en los puestos de toma de decisiones de la sociedad. Lo mismo se aplica a las personas afrodescendientes de la región. Ambos tienen en la sociedad una historia común de exclusión que les niega los derechos de ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos. Son expulsadas de sus tierras, sus fuentes de agua son contaminadas y sus suelos empobrecidos. Luchan contra la desnutrición y los embarazos en adolescentes que proliferan en las comunidades. Son objeto de discriminación y racismo, por ejemplo, en la escuela, las calles, el transporte, el trabajo.

Los derechos de los pueblos indígenas están protegidos por las convenciones internacionales ratificadas por los Estados, y a veces incluso, éstos se encuentran garantizados constitucionalmente y en la legislación nacional, pero los pueblos indígenas y afrodescendientes, siguen careciendo de acceso seguro a la tierra y a la vida plena en los territorios.

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