En la tarde del 16 de octubre de 2020, en una zona rural en el municipio de Uribe aparecieron dos personas asesinadas por armas de fuego en medio de una plantación de cacao. Las víctimas eran Juan de Jesús Monroy – un excomandante de las FARC mejor conocido por su nombre de guerra Albeiro Suárez – y su escolta.
Después de la guerra, Juan de Jesús Monroy se había vuelto un líder en el proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC, encabezando varios proyectos agrícolas en las zonas rurales de Colombia. En el municipio de Uribe donde lo mataron se encargaba de un proyecto que consistía en la creación de una cooperativa multiactiva cuya principal actividad productiva es la ganadería silvopastoril multipropósito.
Los asesinatos de Monroy y su escolta no son casos únicos
Este proyecto formaba parte de Aremos Paz, un proyecto llevado por We Effect junto con otras organizaciones de la sociedad civil sueca. El proyecto es financiado por la Unión Europea y busca mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales y personas reincorporadas.
Lamentablemente, los asesinatos de Monroy y su escolta no son casos únicos, no son irregularidades en un contexto de paz. Son otra prueba de la grave situación de seguridad que enfrentan las y los exguerrilleros hoy en Colombia.
Más de 250 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz
Cuando el gobierno colombiano y las FARC firmaron los acuerdos de paz en septiembre de 2016, 13.000 combatientes bajaron las armas y la guerrilla más antigua de América Latina se transformó a un partido político. El conflicto interno que comenzó en 1960 había finalmente llegado a su fin – después de 56 años. Las y los exguerrilleros salieron de las selvas y bajaron de las montañas para iniciar un proceso de reincorporación a la sociedad colombiana.
Pero aunque el sangriento conflicto armado que mató a más de 260.000 personas y desplazó a millones haya terminado, la violencia sigue. Varios factores – así como las luchas de poder en los territorios que antes eran de las FARC y la falta de protección por parte del gobierno – han llevado a una grave situación de seguridad para las y los excombatientes en la cual están vulnerables y frecuentemente amenazados.
“No sólo son amenazas, llevamos más de 250 muertos desde la firma del acuerdo. Así que no sólo son amenazas, es una realidad muy concreta”, cuenta Ubaldo Zúñiga, directivo de la cooperativa Economías Sociales del Común (Ecomun) – la contraparte principal de We Effect en Colombia.
Durante el primer mes de este 2021 han asesinado a otros cinco
Y tiene razón. Desde que firmaron el acuerdo de paz en septiembre 2016, 257 excombatientes de las FARC han sido asesinados. El año pasado mataron a 73 excombatientes y durante el primer mes de este 2021 han asesinado a otros cinco, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Leonardo González Perafán del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) opina que las fallas en la implementación del acuerdo de paz conllevan a la inseguridad para las y los exguerrilleros y destaca otro factor detrás de la violencia:
“El ambiente de estigmatización que se ha promovido a todo nivel en contra de los acuerdos de paz, la justicia transicional y los excombatientes es un desencadenante de las agresiones y asesinatos”.
Ubaldo Zúñiga está de acuerdo:
“La población colombiana todavía no se adapta a nuestra presencia en la vida civil. Piensan que somos unos asesinos, narcotraficantes y secuestradores, y eso no se borra en cuatro años”.
Antes guerrillero, ahora directivo de una cooperativa
Al igual que Juan de Jesús Monroy, Ubaldo Zúñiga era guerrillero. Viene de una familia humilde, de campesinos, que fue desplazada por la guerra y terminó en los barrios populares y marginales de Barranquilla en la costa caribeña. Ahí crecía. Según Ubaldo, él está en la lucha social desde que tiene 14 años, pero a la guerrilla no ingresó joven.
“Creo que tenía 38 años. Antes de entrar a la guerrilla trabajaba de docente, era profesor. Pero un día se metieron en el colegio donde trabajaba y mataron a un estudiante y un profesor. Yo no podía esperar a que me mataran a mí también, así que salí buscando como preservarme la vida. Así es como ingresé a las FARC”, cuenta.
Ubaldo se calla por un segundo tratando de formular sus pensamientos.
“Yo soy una persona que pensaba, que soñaba, que creía que era posible lograr con cambios sociales a través de la vía armada. Pero después de 20 años en el monte, sentía que el acuerdo de paz era necesario para terminar con la guerra. No había vencedores ni perdedores en la guerra, sólo nos estábamos desangrando”.
En este momento, en el acuerdo de paz, se definió que una de las fórmulas para la reincorporación económica y social colectiva fuera la creación de una organización social y solidaria – entonces se fundó la cooperativa Economía Sociales del Común (Ecomun). Ecomun trabaja en las comunidades de las áreas más afectados por el conflicto armado, acompañando y gestionando en favor de iniciativas organizativas y productivas de las comunidades. Hoy, Ecomun agrupa 111 organizaciones de economía social y solidaria y ha logrado consolidar coordinaciones regionales en siete regiones lo largo y ancho del país.
Sin el apoyo de We Effect, hubiese sido mucho más difícil hacer nuestro trabajo
“No sólo somos una alternativa económica para los reincorporados sino también para las comunidades donde estamos presente. Queremos ser un mecanismo que mejora las condiciones de vida para la gente en los territorios”, dice Ubaldo.
“Sin el apoyo de We Effect, hubiese sido mucho más difícil hacer nuestro trabajo. Para nosotros el apoyo de We Effect ha sido invaluable”, agrega.
We Effect está muy preocupado por la grave situación de seguridad que enfrentan las y los miembros de Ecomun y demás firmantes del acuerdo de paz en Colombia. Especialmente a la luz de las últimas cifras de la JEP que proclaman que 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del acuerdo de paz. Durante el primer mes de este año, asesinaron a un excombatiente cada seis días.
We Effect se une al llamado para el cumplimiento del acuerdo de paz y las recomendaciones que hace la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para “poner en marcha una verdadera reforma rural integral para crear alternativas durables a las economías ilícitas y garantizar los derechos económicos y sociales de la población”.