Condenamos el asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué

Foto: Claudio Vasquez Bianchi
Foto: Claudio Vasquez Bianchi
Comunicado por la protección de la vida, el territorio y el ejercicio de gobierno propio de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

Las ONG internacionales firmantes de esta declaración, Diakonia, Forum Civ, Act Iglesia Sueca, We Effect y SweFOR, responsables de la ejecución del Proyecto “Aremos Paz”, financiado por el Fondo Europeo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional – Asdi, y la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia –Oidhaco rechazamos y condenamos el asesinato de la Gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, municipio de Caldono el cual hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas Sat´h Tama Kiwe del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC.

En estos lamentables hechos ocurridos el día 20 de abril también fue herido el guardia indígena Avelino Ull, integrante de la Guardia Indígena del Territorio Sat´h Tama Kiwe, quien transportaba a la Gobernadora; ambos se dirigían a una sesión de la Comisión Mixta entre el gobierno nacional y el CRIC. El 22 de abril durante la redacción de este comunicado hombres armados atacan la “Minga Hacia Adentro” en el territorio ancestral de La Laguna Siberia en Caldono dejando varias personas heridas.

Tenía un liderazgo activo a favor de la protección de la autonomía y la cultura ancestral del pueblo Nasa

La Gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué tenía un liderazgo activo a favor de la protección de la autonomía y la cultura ancestral del pueblo Nasa y del reconocimiento del rol de las mujeres en la resistencia y lucha indígena. Se destacaba por su convicción y rechazo a la presión de los actores armados que promueven la expansión de los cultivos de uso ilícito en este territorio, a la minería ilegal, y a las acciones que afectan los derechos colectivos y territoriales y a la cultura del pueblo Nasa. La gobernadora participó de algunas de las actividades del Proyecto “Aremos Paz”, el cual se desarrolla actualmente en el departamento del Cauca impulsando la implementación del Acuerdo Final de Paz especialmente el punto 1 de reforma rural integral, con un liderazgo activo y comprometida con la construcción de la paz y los derechos de los pueblos indígenas.

Este asesinato evidencia la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, particularmente para las mujeres indígenas. El departamento del Cauca ocupa actualmente el primer lugar en asesinatos a líderes y lideresas en Colombia, incluyendo a líderes(as) indígenas. Adicionalmente, es un ataque contra la vida, integridad y rol de las autoridades de los pueblos indígenas y su plan de vida propio en el marco de la búsqueda de la paz. Lo ocurrido se da un contexto de recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca debido a la profundización del conflicto armado y el control territorial por actores armados y de agravamiento de la crisis humanitaria, exacerbada en el marco de la Pandemia; situaciones que afectan de manera desproporcional a comunidades, líderes y lideresas indígenas, campesinas, afrodescendientes y firmantes del Acuerdo de Paz.

Como organizaciones de la sociedad civil internacional hacemos un llamado al Estado colombiano

La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana No 040-2020, advierte al Estado Colombiano sobre la grave situación de riesgo para las y los habitantes de los 6 resguardos indígenas del municipio de Caldono (Caldono, Pioyá, Pueblo Nuevo, La Aguada, La Laguna Siberia, Las Mercedes); y especialmente una mayor situación de riesgo para las Autoridades Indígenas del Territorio Ancestral del Pueblo Nasa Sath Tama Kiwe, quienes habían recibido recientemente amenazas de manera directa por grupos armados. La Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a la institucionalidad local y nacional para que adoptara medidas efectivas para disuadir, mitigar y controlar el riesgo ante nuevas situaciones de amenaza que se pudieran presentar en el municipio de Caldono. Es preocupante que los asesinatos persistan a pesar de las recomendaciones emitidas oportunamente por la Defensoría del Pueblo.

Como organizaciones de la sociedad civil internacional hacemos un llamado al Estado colombiano, a sus autoridades nacionales, regionales y locales para:

  • Tomar medidas inmediatas para hacer frente a las causas estructurales que subyacen tras las amenazas, los homicidios y los ataques a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el territorio Sat´h Tama Kiwe y garantizar la no repetición para las demás autoridades del territorio Sat´h Tama Kiwe que se encuentran amenazadas por defender sus derechos colectivos y territoriales.
  • Proteger y preservar el derecho fundamental a la vida y a la pervivencia de las comunidades indígenas del Territorio de Sat´h Tama Kiwe, y demás comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y firmantes del Acuerdo de Paz.
  • Respetar, proteger y brindar garantías a los ejercicios e instancias de gobierno propio de las comunidades indígenas, sus autoridades y experiencias de protección colectiva como la Guardia Indígena.
  • Promover garantías para líderes, lideresas, defensoras(es) y autoridades propias que defienden los derechos colectivos y territoriales y la implementación del Acuerdo de Paz; en amparo del derecho a defender los derechos y del derecho a la paz, ambos reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.
  • Realizar acciones de esclarecimiento de lo ocurrido; derecho a la verdad, la justicia y la reparación para la familia de la Gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué, su resguardo y Asociación de Cabildos.

Así mismo, solicitamos a la Comunidad Internacional:

  • El monitoreo de la situación en el municipio de Caldono y en el departamento del Cauca frente a las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al DIH.
  • El respaldo a las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y firmantes del Acuerdo de Paz del departamento del Cauca en su incansable búsqueda de la paz, la autonomía territorial y derecho a una vida digna.
  • Instar al Estado colombiano al cumplimiento de su obligación constitucional e internacional de proteger la vida, integridad, honra y la libertad de expresión de quienes defienden los derechos y la paz. En particular de las autoridades indígenas y de mujeres defensoras de los derechos humanos, y de las comunidades que apoyan la implementación del Acuerdo de Paz.
  • Instar las autoridades colombianas a que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Sandra Liliana Peña Chocué, teniendo en cuenta la tesis de que su muerte esté relacionada con sus actividades como defensora del medio ambiente, la tierra y el territorio.
  • Solicitar a las autoridades competentes tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares de la Gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué, su resguardo y Asociación de Cabildos, de forma concertada con las personas afectadas; incluyendo una evaluación inmediata de riesgos para la comunidad.
  • Avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, particularmente del enfoque étnico y de establecer e implementar una política para el desmantelamiento de los grupos criminales que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales (…), incluyendo el desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo.

Manifestamos nuestro respaldo a los liderazgos de las mujeres indígenas

Expresamos nuestra más profunda solidaridad y respaldo con la familia de la Gobernadora Sandra Liliana Peña Chicué, a sus hijas, las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas Sat´h Tama Kiwe y el CRIC; así como con el guardia indígena Avelino Ull y las personas que han sido heridas en medio de los ataques que personas armadas están haciendo a la “Minga Hacia Adentro” en el territorio ancestral de La Laguna Siberia en Caldono, esperamos que todos ellos tengan una pronta recuperación y cuenten con garantías de protección efectivas por parte del Estado colombiano.

Manifestamos nuestro respaldo a los liderazgos de las mujeres indígenas y a los esfuerzos de las comunidades indígenas y sus autoridades en la construcción de la paz territorial, desde la cosmovisión propia y el ejercicio de los principios de la autonomía, la pervivencia de la cultura y la defensa del territorio; así como a la actual Asamblea Permanente declarada el mismo día de los hechos por las 127 autoridades tradicionales y los 10 pueblos pertenecientes al CRIC, y a las demás medidas pacíficas que decreten necesarias para exigir la protección y respeto de la vida de las comunidades indígenas, la justicia y no repetición de estos hechos.

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