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Dos años después del asesinato de Berta Cáceres – la impunidad debe acabar

PUBLICADO: marzo 8, 2018

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HONDURAS. La gran atención internacional al brutal asesinato de la defensora de derechos humanos y del medio ambiente Berta Cáceres en Honduras está lentamente logrando avances en la justicia. Junto con el sector privado, podemos obligar a Estados como Honduras a asumir su responsabilidad.

Dos años han pasado desde el asesinato de la activista ambiental y de derechos humanos Berta Cáceres en Honduras. En el aniversario, una persona de alto cargo en la compañía hidroeléctrica, DESA, fue arrestada sospechado del asesinato. Sin embargo, el camino hacia la justicia sigue siendo largo. Desde el 2010, al menos 120 personas han sido asesinadas en Honduras por tomar una posición contra la contracción de represas y minería, la deforestación o la agricultura en sus tierras.

Berta Cáceres fue una de las líderes más importantes para los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y los derechos humanos en Honduras. Como fundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) – una de las organizaciones contrapartes de We Effect en el país – Berta Cáceres defendió los derechos y el territorio del pueblo Lenca contra los proyectos de energía como represas y minas.
Y fue esa lucha la que le quitó la vida. La noche del 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue brutalmente asesinada en su casa.

“Neutralizar y eliminar”

De acuerdo con un informe independiente preparado por El Grupo Asesor Internacional de las Personas Expertas (GAIPE), presentado en el otoño de 2017, el asesinato de Berta Cáceres fue parte de una estrategia más amplia de “controlar, neutralizar y eliminar” las barreras para el desarrollo del proyecto de energía Agua Zarca. El informe nombra a gerentes y personal de seguridad de la empresa DESA y funcionarios públicos de alto rango del gobierno y fuerzas de seguridad del Estado, como implicados en la planificación y ejecución del asesinato.

David Castillo, quien fue detenido en el aniversario del asesinato, sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato y de proporcionar los ocho delincuentes que están acusados ??con recursos logísticos y otros para ejecutar el asesinato. Castillo también es familiar de un político de alto rango.

La impunidad debe acabar

We Effect le da la bienvenida al arresto. Es una indicación importante de que las personas que estuvieron detrás de la persecución y el asesinato de Berta no están exentos de la justicia. También esperamos que más personas sean investigadas y juzgadas por el asesinato. la impunidad de los crímenes contra activistas y defensores de los derechos humanos debe terminar. Como la hija de Berta Cáceres, Bertita, dice: “Solo si conseguimos que los máximos responsables de este tipo de crímenes sean juzgados, podremos garantizar la no repetición”.

En un país violento como Honduras, las amenazas y la violencia son parte de la realidad de los activistas de derechos humanos. Estos crímenes deben cesar, y los acusados ??deben ser procesados. Pero para nuestras organizaciones contrapartes también es importante que la comunidad internacional reaccione, no solo las y los involucradas en la cooperación para el desarrollo, sino también el sector privado, que a menudo está involucrado en inversiones internacionales.

Los inversores nunca deberían haber estado allí

En el caso de Agua Zarca tanto de la empresa de construcción china y los dos financieros el Fondo holandés de Desarrollo y el fondo industrial finlandés (Finnfund) se retiraron del proyecto después de la muerte de Berta Cáceres – pero ellos no deberían haber estado allí desde el principio. Esperamos que el caso afecte los códigos corporativos e internacionales de conducta y las políticas de inversión de Suecia, de modo que estos proyectos ni siquiera puedan comenzar con su financiación.

Las contrapartes de We Effect no siempre están en contra de los proyectos de energía que pueden llevar al desarrollo. Sin embargo, hasta el momento, no se han tenido consultas con representantes indígenas en relación a las inversiones que afecten a sus derechos y territorio. Un pequeño consuelo es que la detención de Castillo probablemente es el resultado de la enorme atención que el asesinato de Berta Cáceres ha recibido y sigue recibiendo internacionalmente.

El Estado debe asumir su responsabilidad y exigir a sus socios que no inviertan en proyectos que amenacen los derechos de los pueblos indígenas.

Hasta entonces, debemos continuar apoyando a aquellos que luchan por sus derechos, que con sus propias vidas en riesgo, continúan luchando por un mundo más justo.

Anna Tibblin, Directora Internacional de We Effect

 

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