Por los derechos, la vida, la salud y la dignidad de las mujeres campesinas

Por los derechos, la vida, la salud y la dignidad de las mujeres campesinas

NOSOTRAS, Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, preocupadas por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 y la emergencia social resultante de las políticas estatales exponemos:

Que la profunda crisis y vulnerabilidad que atravieza el país no es solo producto de la pandemia del COVID-19, sino de la aplicación de políticas neoliberales inhumanas impuestas desde hace tres décadas y profundizadas con el golpe de Estado de 2009.

En ese marco el sector rural enfrenta las consecuencias de esas políticas disminuyendo su capacidad económica y su calidad de vida, ya que el Estado niega y menoscaba derechos fundamentales. La pandemia pone de manifiesto los problemas estructurales que hemos venido denunciando y la necesidad de defender el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y a una vida digna de las campesinas, campesinos y pueblos indígenas.en donde los servicios básicos están precarizados o no existen.

Las sequías e inundaciones , como efecto del cambio climático, las políticas de Estado que han llevado al acaparamiento de tierras para el agronegocio, monocultivo, proyectos extractivistas y el uso de transgenicos y agroquimicos, implicando una enorme dificultad para mantener una alimentación adecuada que permita a la población adquirir las defensas suficientes, nos han puesto en alerta ante la escasa producción de alimentos saludables para hacer frente a otras enfermedades relacionadas; las campesinas y campesinos siguen trabajando la tierra pese al riesgo de contagio, a los bajos pagos que perciben y a la pobreza en que viven.

En este contexto, el gobierno construye un escenario de guerra militarizando el país; una situación similar al golpe de estado del 2009 por su impacto económico, sanitario, por la violación de derechos humanos, por la represión y por la falta de transparencia y auditoría en el uso de los recursos, reflejando altos niveles de corrupción. Las medidas de suspensión de garantías constitucionales se prestan para cometer abusos por parte de las fuerzas de seguridad como detenciones arbitrarias , restricción de la movilidad de las personas para solventar sus necesidades fundamentales como el abastecimiento de alimentos y medicinas, o la atención a la salud.

Al mismo tiempo, el pueblo hondureño está dando lecciones de solidaridad en respuesta a la crisis, especialmente las mujeres con propuestas desde nosotras que realizamos los cuidados y los trabajos domésticos y enfrentamos las grandes dificultades para solventar en el día a día las necesidades de nuestras familias; muchas de nosotras haciéndonos cargo de los cuidados de los hijas e hijas de las que han migrado y que con sus remesas sostienen las precarias economías familiares y se constituyen en el el principal ingreso del país.
Es necesario avanzar hacia la construcción de estrategias alternativas de salud colectiva preventiva y de atención, capaz de enfrentar la epidemia del COVID-19, que esté centrado en las personas con equidad, gratuidad y de acceso universal, que sea definidas desde el enfoque y determinación social de la salud y la economía del cuidado, que cuestiona los modos de producción-reproducción y economía de acumulación, que afecta la vida de la gran mayoría de la población y en las comunidades rurales particularmente a las mujeres campesinas, tal y como hemos venido denunciando desde diferentes espacios y plataformas.

Por todo lo anterior exigimos

•  La pronta incorporación de equipos multidisciplinarios a la atención de la emergencia nacional. Todas y todos podemos aportar desde nuestros propios saberes, dedicación, esfuerzo y compromiso, para atender la emergencia, tal y como lo ha propuesto el Colegio Médico de Honduras y diversas organizaciones sociales; como por ejemplo estrategias para activar el agro y la producción y distribución de alimentos, tan fundamental en esta emergencia.
• Que se mantengan abiertos y funcionando con personal, equipados de medicamentos, insumos y materiales, los centros de salud en las comunidades rurales, para la atención de las enfermedades comunes que siguen aquejando a la población, especialmente el dengue endémico que presenta considerables tasas de mortalidad enfermedades cronicas como la hipertension y la diabetes.
• Que el gobierno invierta los recursos disponibles en la dotación de las pruebas rápidas para la detección del COVID-19 en los hospitales regionales y centro de salud comunitarios, siguiendo los procesos de adquisición con transparencia y auditoría; que se adquieran y distribuyan a nivel nacional los materiales imprescindible para la protección del personal de salud y otras personas que se encuentran en la primera línea de atención a la emergencia sanitaria.
• Que los servicios de atención a las denuncias de Violencia Contra las Mujeres permanezcan activos en el área rural, considerando que en este contexto de crisis existen las condiciones de confinamiento que pueden aumentar la violencia doméstica, la violencia sexual y otros abusos y maltratos a las mujeres, en cualquier ámbito.
• Que se establezcan protocolos claros, precisos y entendibles para la población, en el caso de atención de los posibles casos de COVID-19 en los centros de salud, especialmente los comunitarios, con las condiciones de aislamiento, seguridad para el personal y del resto de personas usuarias de los servicios de salud, para prevenir que los centros de salud se conviertan en focos de contagio o de saturación de pacientes de COVID-19.
• Que se establezcan protocolos respetuosos de los derechos humanos de las personas y recursos para su traslado a las y los pacientes que se sean identificadas como posibles casos de COVID-19 y que puedan mantenerse en aislamiento en lugares seguros, donde no estén en contacto con otros sospechosos para que no se disemine el virus aumentando los riesgos.
• Que se elaboren planes de contingencia y alivio económico para las familias campesinas, de acuerdo con la situación específica de cada comunidad y cada pueblo, respetando las acciones de control territorial que puedan activarse desde la organización comunitaria, en el marco del respeto a los derechos humanos, y apegados a los protocolos de prevención.
• Que se garantice el abastecimiento de productos de primera necesidad en las comunidades rurales y la circulación de productos alimenticios entre las mismas activando las economías locales, a la vez aplicando protocolos seguros en los corredores comunitarios para permitir el intercambio de productos y no del virus; así como en las ciudades algunos comercios siguen abasteciendo a la población también queremos seguir nosotras con nuestros productos abasteciendo las comunidades.
• Que se desmilitarice el área rural, su presencia y permanencia en este contexto es un riesgo para las mujeres y defensoras y defensores de la tierra y el territorio y no hace más que sumar abusos y atropellos a los derechos humanos de la población campesina y aumentar los riesgos a la vida de las personas y los abusos contra las mujeres.
• Que se dé cumplimiento inmediato a Ley CREDIMUJER, haciendo efectiva la transferencia de los recursos para la implementación inmediata de este Programa para las mujeres campesinas, flexibilizando los requisitos a cero intereses, para paliar la crisis actual en el contexto de la epidemia. El hambre es un enemigo igual de peligroso que el COVID-19.
• Que se derogue de forma inmediata la Ley Marco de Protección Social y las demás leyes derivadas que promueven la privatización de la salud y el PCM de fecha 18-oct.2019, que le asigna recursos a los militares para dirigir, coordinar y ejecutar la reactivación del agro.

Desde CODIMCA nos comprometemos con toda la población al igual que otras organizaciones de mujeres y del movimiento social a estar vigilantes para que se respeten los derechos humanos en esta situación de emergencia y a fortalecer propuestas colectivas comunitarias, así como retomar y poner en práctica toda la sabiduría y conocimientos ancestrales en el cuidado de la salud de nuestras abuelas así como la prevención y protección de la salud y la vida de todas y todos.

Tegucigalpa M.C.D., 27 marzo 2020