Comunicado de La Plataforma por la Seguridad Ciudadana El Salvador

EL SALVADOR. Este es un comunicado de La Plataforma por la Seguridad Ciudadana en El Salvador, de la cual We Effect es parte.

La Plataforma por la Seguridad Ciudadana es un espacio de articulación de diversas organizaciones sociales que trabajan el tema de seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, buscando ejercer contraloría en los procesos de construcción, ejecución y evaluación de las medidas que el Estado implemente en el tema. Por ello, ante el cambio de gobierno que asumirá a partir del primero de junio y ante la situación de seguridad de nuestro país, EXPRESAMOS:

1. El Salvador ha transitado en las últimas décadas por un escenario de crisis en el tema de seguridad, situación que se explica por el equivocado enfoque que se ha dado a las políticas de manera reiterada, destacando el enfoque represivo como la solución. Lo anterior ha sido acompañado de propuestas populistas como medidas legislativas de aumento de penas, creación de nuevos delitos, endurecimiento de las condiciones carcelarias como forma de castigo, discursos de guerra, aumento de militares en labores de seguridad, militarización de la policía, debilitamiento de los controles de esta y falta de depuración de la policía y el ejército, entre otras. No obstante, reconocemos los esfuerzos concretos que dieron paso a acciones afirmativas para la seguridad. Sin embargo, se mantiene la preponderancia a las acciones de enfoque punitivo, ignorando o minimizando atender de manera integral y diferenciada a las numerosas víctimas que genera la violencia, minimizando la necesidad de fortalecimiento institucional para reducir los altos niveles de impunidad y restando importancia al componente fundamental de la prevención. De la misma forma, se ha intentado construir en el imaginario colectivo la idea que las pandillas son el único problema de seguridad que debe atenderse, invisibilizando el crimen organizado, narcotráfico, redes de corrupción incrustadas en el Estado, grupos de exterminio de poblaciones estigmatizadas, y la violencia contra las mujeres y otras poblaciones socialmente desaventajadas, entre otros.
2. En razón de lo anterior, la Plataforma por la seguridad ciudadana presentó al presidente electo el 15 de febrero de 2019 una propuesta que busca ser un insumo en la construcción de la política de seguridad del nuevo gobierno. La propuesta busca recoger las buenas prácticas y orientar la política pública desde un enfoque de derechos humanos y género, que permita trascender los enfoques limitados que hasta el momento se han implementado y potenciar los avances específicos que se han logrado. Asimismo, consideramos importante que el nuevo gobierno se aparte de las visiones represivas que se han implementado en las últimas décadas, habida cuenta que existe evidencia suficiente para concluir que no han sido lo suficientemente efectivas para establecer condiciones duraderas de seguridad del país, por el contrario, han impactado de manera negativa volviendo más precarias las condiciones de seguridad de nuestro país.
3. También es importante para la implementación de la política de seguridad, nombrar un gabinete que tenga las capacidades necesarias para ejecutar una política integral que ponga al centro a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por ello, consideramos que, las personas que asuman el Ministerio de Justicia y Seguridad, los viceministerios, la Dirección de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Centros Penales, la Dirección de Atención a Víctimas, entre otros puestos claves, deben de contar con las credenciales suficientes para poder desarrollar una función pública basada en el conocimiento técnico, el respeto a la legalidad y los derechos humanos, la experiencia comprobada en el tema, la visión integral y multidisciplinaria, así como la claridad de generar mecanismos de diálogo, participación y transparencia.
4. Reafirmamos la necesidad de cambiar el patrón de violencia que ha existido en las políticas de seguridad por décadas, a través de procesos formativos a todo nivel para la ciudadanía abordando temas de cultura de paz, igualdad de género, derechos humanos, inclusión social, dialogo, resolución y transformación de conflictos, entre otros. De igual manera, desmilitarizar la seguridad pública y respetar los mandatos constitucionales, respecto a que solamente se debe disponer del ejército forma extraordinaria, imponiendo la obligación de rendir informe a la Asamblea Legislativa de los resultados generados. requiere adicionalmente
5. La implementación de la política pública de seguridad requiere de un liderazgo dialogante y aglutinador que permita la participación de los diferentes sectores y actores en la transformación de las condiciones actuales de violencia, ante ello se vuelve relevante la existencia de espacios de diálogo inclusivos que permitan la construcción de acuerdos nacionales que vuelvan sostenibles los procesos de política pública. La seguridad es el principal problema identificado por la sociedad salvadoreña de manera reiterada, animamos al nuevo gobierno a destinar los recursos necesarios para lograr los resultados que permitan que el Estado regrese a los territorios con las herramientas necesarias para transformar las condiciones de vida de las comunidades olvidadas y estigmatizadas, la superación de la violencia estructural es fundamental en la construcción de una nueva realidad libre de violencia y desigualdades, garantizando los derechos humanos de manera irrestricta y la participación ciudadana.

San Salvador, 16 de mayo de 2019

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